Esta es una pregunta para la que todavía no hay una respuesta exacta. Tras su aprobación, se abre un periodo transitorio de dos años para que los países de la Unión Europea incorporen la directiva a sus propias legislaciones. Esto quiere decir que la nueva norma podría presentar, todavía, ciertas particularidades en su aplicación efectiva dentro de cada Estado.
Por esa razón, de momento solo contamos con los análisis de expertos y analistas sobre cuál podrá ser la aplicación práctica de una norma que concentra sus puntos más polémicos en dos artículos: el 15 y el 17.
A grandes rasgos, el artículo 15 permite a los editores de prensa dar o no su permiso a webs con ánimo de lucro para compartir “fragmentos significativos” de sus publicaciones. Por su parte, el artículo 17 insta a las plataformas que almacenan, organizan y difunden contenidos de otros usuarios con fines comerciales a pedir una licencia a los creadores de las obras.
Además, para evitar que se suban contenidos que vulneren los derechos de autor, las plataformas deberán establecer mecanismos para sortear multas, los cuales tendrá que establecer cada Estado miembro. Se espera que esos mecanismos sean filtros de carga previos y prácticas de moderación más estrictas. Una exigencia que los detractores de la norma consideran una limitación de la libertad de expresión y un peligro para creadores como los youtubers, que a menudo utilizan fragmentos de películas o series en sus contenidos, así como partidas grabadas de videojuegos.
¿Significa esto que un usuario de internet no podrá compartir un artículo de prensa o un meme a través de WhatsApp o cualquier red social? Aunque hay quien asegura que esta directiva, a la larga, podría acabar con los memes y las parodias, la norma protege expresamente la subida a la red de contenidos si es para citar, criticar, reseñar, caricaturizar, parodiar o imitar. Además, plataformas como WhatsApp, Wikipedia o nubes, cuyo objetivo no consiste en lucrarse con el contenido, se encuentran fuera de la aplicación de la ley.
En cualquier caso, los expertos aseguran que esta norma no impone la responsabilidad a los usuarios de internet por el uso de contenidos ajenos. En realidad, las medidas afectan a las empresas titulares de las plataformas de contenidos, que son las que deben velar por su cumplimiento. Esto significa que un usuario particular, que no persigue un lucro al compartir una obra de terceros en internet, no tendrá que pagar una multa por subirlos o enviarlos a otros usuarios. Lo que sí se podrá encontrar en el futuro es con que no podrá subir el contenido a una plataforma porque un filtro considera que vulnera los derechos de autor.
El alcance real de la normativa solo se conocerá con el tiempo, cuando los países la adapten, las plataformas pongan en marcha sus mecanismos de control de manera efectiva y se conozcan las primeras sanciones. Mientras tanto, internet continúa ofreciendo contenidos útiles y entretenimiento a sus usuarios, además de ser un importante punto de encuentro para ellos.