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CaixaBank
25 Septiembre, 2024
Cada español genera 19,6 kilos de residuos electrónicos al año, una cantidad que podría reducirse si, en lugar de tirar los electrodomésticos que se averiasen, tuviéramos una alternativa sencilla y barata para repararlos.
Por ello, la Unión Europea (UE) ha sacado adelante su directiva del derecho a reparar. Se trata de dar un impulso a la economía circular, además de proteger los derechos de las personas consumidoras.
¿En qué consiste este derecho?
La norma busca garantizar que los fabricantes ofrezcan servicios de reparación oportunos y rentables. Además, deberán informar, pertinentemente y de forma gratuita, a las personas consumidoras sobre su derecho a la reparación.
Esto implica que la garantía de los productos que se reparen debe prolongarse durante un año, con el objetivo de que las propias personas consumidoras opten por reparar su bien averiado en lugar de desecharlo y sustituirlo por uno nuevo.
Por otro lado, cuando venza la garantía de reparación, se mantendrá la obligación para los fabricantes de reparar los dispositivos recogidos en la normativa, desde electrodomésticos comunes, como lavadoras, hasta teléfonos.
Además, durante el periodo que dure la reparación, el fabricante pondrá a disposición de la persona consumidora un dispositivo de sustitución similar al averiado.
Por último, si el producto no puede repararse, el fabricante habrá de ofrecer la posibilidad de adquirir una alternativa reacondicionada, para que la persona consumidora valore si le conviene comprar un dispositivo nuevo u optar por uno reacondicionado.
La directiva recoge los siguientes bienes:
Con el propósito de dinamizar y estructurar este proceso, la Unión Europea ha creado un formulario de información para ayudar a las personas consumidoras a valorar y comparar servicios de reparación (tipo de avería, precio, duración de la reparación), con la introducción de un etiquetado de índice de reparabilidad, para tenerlo en cuenta antes de comprar un producto.
También se ha creado una plataforma europea para centralizar por países, tipos de productos y servicios la información sobre servicios de reparaciones, comercializadores de productos reacondicionados, compradores de artículos defectuosos o centros de reparación comunitarios.
Gracias a esta plataforma, las personas consumidoras podrán tener un acceso fácil y rápido a los servicios más cercanos y que mejor se ajusten a sus necesidades, a través de una información veraz que evite el greenwashing.
Otra de las novedades destacables de la normativa es la prohibición de la inclusión de cláusulas contractuales y técnicas relacionadas con los equipos o los programas informáticos que bloqueen o rechacen su reparación.
Por ejemplo, se establece que los fabricantes deben permitir la aplicación de piezas o dispositivos de repuesto de segunda mano, reacondicionados o impresos en 3D, incluso por talleres o fabricantes independientes. A esto se suma que los fabricantes ya no podrán negarse a reparar un bien por motivos económicos o porque haya sido reparado por terceros con anterioridad.
Finalmente, los fabricantes estarán obligados a ofrecer las piezas de recambio para la reparación y el mantenimiento de los productos, así como las herramientas, gratuitamente o a un coste razonable.
Por un lado, se busca favorecer un uso prolongado de los productos, esquivando la obsolescencia programada. De esta manera, si la vida media de un producto se amplía y las reparaciones bajan de precio y se generalizan, se rebaja el gasto que se emplearía en adquirir un producto nuevo para sustituir el antiguo.
Esto supondrá una revitalización del mercado de la reparación, aumentando la competencia, que ofrecerá precios más competitivos a las personas consumidoras.
La normativa estipula que la obligación de reparar recae en el fabricante, pero que, si está fuera de la UE, la obligación se transfiere a su representante autorizado en la UE. Si carece de esta figura, pasará al importador y, de manera secundaria, al distribuidor. Fabricante, representante autorizado, importador y distribuidor podrán subcontratar sus talleres o empresas reparadoras.
Además, los Estados miembros tendrán que poner en marcha al menos una estrategia de promoción de la reparación, ya sea por medio de vales o fondos de reparación, campañas informativas, capacitación de trabajadores o impulso de locales comunitarios de reparación.
Desde el 30 de julio de 2024, los Estados miembros tienen hasta 2026 para articular medidas concretas destinadas a fomentar el derecho a reparar.
