Más de 2,5 millones de declaraciones de la renta en España incluyen a personas con discapacidad, según datos de 2022. Sin embargo, apenas 11.500 familias utilizan figuras de desgravación fiscal, como los planes de pensiones a favor de personas con discapacidad y el patrimonio protegido, unos mecanismos poco conocidos, pero con importantes ventajas fiscales que permiten planificar el futuro financiero de un ser querido con discapacidad.
En este artículo, veremos en qué consisten los patrimonios protegidos, cómo se constituyen y qué beneficios ofrecen.
Un patrimonio protegido es un instrumento diseñado para promover ahorro destinado a personas con una discapacidad intelectual reconocida de al menos el 33 % o física del 65 %.
Permite a los familiares aportar bienes y fondos a un patrimonio destinado a cubrir las necesidades vitales de la persona con discapacidad.
La principal ventaja de esta figura reside en que estas aportaciones desgravan en la declaración de la renta de quienes realizan las aportaciones, lo que reduce la carga fiscal familiar. Concretamente, los límites de aportaciones son de 24.250 euros anuales por patrimonio protegido y de 10.000 euros por aportante.
Además, la persona con discapacidad que recibe las aportaciones está exenta de tributarlas en el IRPF hasta un límite de 3 veces el IPREM.
Este mecanismo permite a las familias planificar el futuro financiero de su ser querido, asegurando que tenga los recursos necesarios para cubrir sus necesidades a largo plazo.
La constitución de un patrimonio protegido requiere la intervención de un notario especializado, quien asesorará sobre todo el proceso. Para llevarla a cabo hay que instaurar unas reglas de administración del patrimonio: es fundamental establecer cómo se gestionarán los recursos y quiénes serán los responsables de su administración.
Al constituir el patrimonio protegido también conviene solicitar, en los casos en los que sea necesario, una autorización judicial específica para poder realizar actos de enajenación, es decir, actos de compra y venta de bienes.
El proceso de constitución implica también la apertura de una cuenta corriente específica asociada al patrimonio protegido, a la que se vincularán las aportaciones. Es importante recordar que las aportaciones deben realizarse ante notario y pueden incluir saldos en cuentas corrientes, fondos de inversión, acciones, seguros o incluso bienes inmuebles.
Hay algunas prácticas que son muy recomendables a la hora de utilizar esta herramienta diseñada para proteger a las personas con discapacidad:
- Planificar la constitución: resulta muy útil analizar las necesidades futuras de la persona con discapacidad para determinar el nivel de ahorro necesario.
- Asesoramiento adecuado: lo suyo es contar con el apoyo de un notario y un asesor financiero para establecer las reglas de administración del patrimonio y optimizar las aportaciones.
- Cumplimiento de los requisitos legales: conviene asegurarse de que las aportaciones se realicen ante notario y de que se cumplan todos los requisitos legales para disfrutar de las ventajas fiscales asociadas al patrimonio protegido.
- Controlar y acreditar los movimientos: el Ministerio Fiscal o la Agencia Tributaria, según corresponda, controlarán las aportaciones, las inversiones y las desgravaciones que se realicen. Por eso es importante garantizar y acreditar que el uso de los recursos del patrimonio se destina exclusivamente a cubrir las necesidades vitales de la persona con discapacidad.
Los patrimonios protegidos son una herramienta valiosa para las familias que desean asegurar el bienestar financiero de un ser querido con discapacidad, aunque todavía no son muchas las que recurren a ella.
Con una planificación y asesoramiento adecuados, tanto el destinatario de las aportaciones como quienes las realizan pueden aprovechar al máximo sus ventajas.
