La lucha contra el cambio climático es un deber de todos: ciudadanos, Estados y empresas. En particular, estas últimas pueden contribuir recurriendo a los créditos de carbono, un sistema creado y formalizado en el Protocolo de Kioto de 1997 y confirmado en los Acuerdos de París de 2015.
Se trata de una especie de mercado de emisiones que permite a quienes las producen —y no pueden eliminarlas o reducirlas— comprar créditos de CO2 en mercados autorizados.
Respetando los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Voluntary Carbon Market permite llevar a cabo acciones concretas de sostenibilidad y protección ambiental.
Concretamente, un crédito de carbono es un certificado negociable. Se trata de un valor equivalente a una tonelada de CO2 absorbida mediante un proyecto de protección ambiental destinado a reducir o reabsorber las emisiones globales de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero.
Podríamos definir los créditos de carbono como una herramienta útil para:
- Rastrear el CO2 absorbido/evitado por proyectos certificados.
- Cuantificar el CO2 compensado por quienes los compran.
- Equilibrar los efectos del cambio climático, financiando proyectos en las zonas más afectadas del planeta.
Para garantizar que se alcancen esos objetivos, los créditos de carbono deben certificarse de forma clara y segura. Por esa razón, la compra de créditos comienza con la medición del CO2 producido por una empresa mediante rigurosos estándares internacionales. Esos estándares son regulados por organismos de certificación tales como el American Carbon Registry (ACR), Verified Carbon Standard (VCS), Climate Action Reserve (CAR) y Gold Standard.
Una vez establecidas sus emisiones, la organización puede reducirlas o eliminarlas mediante la compra de créditos a las entidades que realizan proyectos certificados como neutros en carbono o que incluso permiten su absorción. Por ejemplo, la construcción de parques eólicos o bosques que ayudan a eliminar el CO2 de la atmósfera.
Tras completarse el proyecto, se redacta un acuerdo de compra para la reducción de emisiones (ERPA), es decir, un contrato firmado tanto por el desarrollador del proyecto —y, por tanto, vendedor de los créditos— como por el comprador. En este documento se especifican los derechos y deberes de ambas partes.
Para una organización, comprar créditos de carbono permite diferenciarse de la competencia. Esto es así porque, mediante esta acción, pone de manifiesto su contribución positiva para la salvaguarda del medioambiente de una manera oficial, clara y reconocida internacionalmente.
Esta certificación, junto con las actividades realizadas para la reducción de las emisiones causadas por sus propias actividades, ofrece a la empresa una ventaja competitiva en términos de reputación. No solo eso: también le facilita mayores posibilidades de acceder a financiación tanto privada como pública.
Al mismo tiempo, la compra de créditos de carbono es una manera de obtener más clientes —tanto consumidores finales (BTC) como otros organismos (BTB)—. Esto se debe a que las grandes empresas buscan cada vez más socios y proveedores sostenibles para garantizar una cadena de suministro completamente verde.
Además, las organizaciones que compran créditos de carbono pueden utilizar una etiqueta en sus productos y servicios que certifica la compensación total o parcial de las emisiones provocadas por su producción. Se trata de una iniciativa que cada vez valoran más los consumidores.
Sin embargo, las empresas compradoras a menudo no saben exactamente cómo se utilizarán los créditos adquiridos, ya que se basan en intermediarios financieros que, a su vez, financian socios activos en la economía verde. La cadena a menudo presenta demasiados pasos intermedios y no es fácil realizar un seguimiento real de las inversiones. Para ello, en los últimos años varias startups han empezado a utilizar herramientas tecnológicas como el blockchain para “tokenizar” los créditos y mantenerlos monitorizados.
Pese a la indudable utilidad de este mercado, que ayuda a impulsar numerosos proyectos de mitigación climática, los límites del sistema son importantes. Van desde la falta de transparencia hasta la especulación financiera o la inequidad: hay empresas con muchos recursos que pueden permitirse comprar créditos ilimitados y seguir contaminando.
Tampoco los precios de los créditos de carbono son especialmente claros, ya que pueden determinarse por las dinámicas del mercado —un mecanismo de oferta y demanda—, pero también por los costes de un proyecto específico o por el patrocinador que respalda ese proyecto. Además, las fluctuaciones en el precio por tonelada de carbono varían de un Estado a otro, lo que aumenta el riesgo de especulación.
Los mayores compradores de créditos de carbono son compañías con una gran huella ambiental. Este es el caso de las petroleras, las que utilizan enormes centros de datos o las aerolíneas. Para ellas, esta es una forma de cumplir con las normas cada vez más estrictas impuestas por los legisladores, siendo una de las pocas formas disponibles para acercarse al objetivo cero neto, es decir, invertir en proyectos verdes en proporción a cuanto contaminan.
