Durante el reinado de Isabel II, España se vio sumida en la inestabilidad, por lo que las leyes liberales de bancos de emisión y sociedades de crédito (1856) se vieron anuladas por la crisis financiera, que llevó a suprimir la pluralidad de emisión e instauró el monopolio en manos del Banco de España (1874).
El Banco de España tuvo un papel preponderante en la economía desde finales del XIX hasta ya entrado el XX, siendo el único autorizado para emitir moneda, además de operar con el sector privado y ser prestamista del Tesoro Público.
No obstante, la Ley de Ordenación Bancaria (1921) lleva a que deje de lado la actividad comercial para pasar a ser un «banco de bancos», cambiando de funciones para sostener un sistema en que el monopolio había dejado paso a la creación de nuevas entidades bancarias.
Durante el primer tercio del siglo XX, la banca privada española va evolucionando: aparecen los bancos mixtos y los bancos oficiales. Los primeros se caracterizan por ofrecer créditos de diversa duración y participar directamente en empresas. Los segundos, por su parte, eran de titularidad privada, pero tenían un objetivo público y misiones concretas, como financiar la expansión de un sector económico u ofrecer créditos hipotecarios, por ejemplo.
También cobran importancia en estos años las cajas de ahorro (surgidas en el siglo XIX), entidades de crédito y depósito, sin ánimo de lucro, que introducían en el circuito financiero a personas con escasos recursos.
Como hemos visto, la actividad bancaria ha sido una aliada para el desarrollo de las civilizaciones. Con el transcurrir de los siglos se han ido incorporando funciones, se ha permitido ejercer esta práctica más o menos libremente o se ha centralizado la actividad en una comunidad concreta, pero su misión no se ha desvirtuado: permitir a sus clientes afrontar sus gastos, mantener a salvo sus ahorros o, incluso, emprender y atraer nuevas riquezas.