Estas son las ayudas del Plan de respuesta a las consecuencias de la guerra en Ucrania

El Gobierno ha puesto en marcha el Plan Nacional de respuesta a las consecuencias de la guerra en Ucrania con el objetivo de amortiguar los efectos económicos de este conflicto en hogares y empresas. Esta iniciativa cuenta con 16.000 millones de euros de presupuesto, de los cuales 6.000 millones de euros corresponden a ayudas y rebajas fiscales, mientras que los otros 10.000 millones restantes se concederán a través de créditos ICO, tal como se recoge en el Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo.

Por un lado, se ha establecido una rebaja de 0,20 euros por litro de combustible, como el gasóleo, gasolina, gas y AdBlue. Esta medida supondrá una inversión de 1.423 millones de euros. Para gestionar esta rebaja, las empresas de suministro de carburantes y combustibles deberán solicitar cada mes la devolución del descuento correspondiente a la bonificación. Asimismo, podrán requerir un adelanto a la Agencia Tributaria para hacer frente a los gastos.

Las empresas que reciban las ayudas de este Plan de respuesta a la guerra en Ucrania no podrán despedir a sus trabajadores alegando el aumento de los costes energéticos hasta el 30 de junio de 2022. En caso de incumplimiento, serán sancionadas con la devolución íntegra de la ayuda recibida. Tampoco podrán despedir trabajadores aquellas empresas que recurran a reducción de jornada o suspensión de contratos (Estatuto de los Trabajadores, art. 47) por causas justificadas a través de la guerra en Ucrania y que se beneficien de ayudas públicas.

Otra de las medidas que recoge el Real Decreto-ley es la limitación extraordinaria de la actualización anual del alquiler, siempre que se trate de la residencia habitual. Se prohíben subidas de más del 2 % hasta el 20 de junio. El objetivo es evitar que la inflación provocada por el conflicto bélico contagie al precio de la vivienda.

El arrendatario podrá negociar con el propietario la subida que se aplicará en el alquiler. Cuando no exista acuerdo entre ambas partes, el aumento no podrá superar la variación registrada por el Índice de Garantía de Competitividad (IGC), que en la actualidad es del 2 %.

Si el arrendador es un gran tenedor (propietario de más de una decena de inmuebles urbanos de uso residencial o de una superficie construida superior a 1.500 metros cuadrados de uso residencial), el acuerdo entre ambas partes no podrá implicar una subida superior respecto a la variación anual del IGC.

El Decreto-Ley también recoge modificaciones en el Ingreso Mínimo Vital (IMV). Sus beneficiarios experimentarán un aumento del 15% en las mensualidades de abril, mayo y junio de este año.

Se refuerza el Bono Social Eléctrico, que incorpora nuevos segmentos de población que pueden ser candidatos a ser beneficiarios, alcanzando a unos 600.000 hogares. Los descuentos (60 % para hogares vulnerables y 70 % para hogares vulnerables severos) se prolongarán hasta el 30 de junio.

Además, se facilita la renovación del Bono Social Eléctrico, que se realizará automáticamente mientras se reúnan los requisitos, salvo en el caso de las familias numerosas, que deberán renovarlo cada vez que caduque su título.

Paralelamente, se mantiene hasta el 30 de junio el resto de medidas que reducían la factura eléctrica: la bajada del IVA al 10 %, la reducción del impuesto de la electricidad al 0,5 % y la eliminación temporal del impuesto del 7 % a la generación eléctrica.

Con el propósito de facilitar las gestiones a las personas desplazadas a causa del conflicto, se permite que las personas de origen ucraniano pidan la nacionalidad española sin necesidad de presentar certificados de nacimiento y antecedentes penales de su país de origen.

Para acoger a estas personas, se articula un crédito extraordinario de 1.200 millones, que consiste en una financiación puente, respaldado por fondos europeos (Reglamento CARE Cohesion’s Action for Refugees in Europe y fondos REACT-EU). Asimismo, se activa un plan de contingencia en el ámbito educativo para asimilar a estudiantes refugiados.

Como ya hemos adelantado, se trata de una nueva línea de avales de créditos ICO por valor de 10.000 millones de euros para que las empresas puedan hacer frente a los requisitos de liquidez motivados por la subida temporal del precio de la electricidad y los combustibles. Se establece un plazo de solicitud hasta el 31 de diciembre, así como un periodo de carencia de 12 meses.

El sector agrario y pesquero es otro receptor potencial de ayudas, gracias a un paquete de medidas presupuestado en 430 millones de euros, de los cuales 193,47 millones de euros se destinarán al sector agrario y ganadero, mientras que el sector productor de leche recibirá 69 millones de euros. La pesca extractiva y acuícola percibirá ayudas de 68,18 millones de euros.

Asimismo, para paliar la subida del precio de la energía en estos sectores, se establece una reducción de 20 céntimos durante 3 meses en el precio del gasóleo que, según datos del Gobierno, podría implicar un ahorro de 78 millones para agricultores y ganaderos, y de 16 millones para pescadores.

Como medida adicional, se incluye la exención de la tasa portuaria para la pesca fresca y del canon de uso de bienes de dominio público hidráulico para las instalaciones de acuicultura continental hasta septiembre de 2022. El Gobierno calcula que se producirá un ahorro de 3 millones de euros.

Para los ganaderos damnificados por la subida del precio de piensos y energía, se articulan ayudas por valor de 169 millones de euros.

La industria pesquera también tendrá a su disposición ayudas para compensar la subida precio del combustible, que ascienden a 18,18 millones de euros.

Se ha diseñado otra tanda de medidas para apoyar a la industria gran consumidora de energía (por ejemplo, el papel y el cartón, el vidrio y la cerámica), con ayudas por valor de 488 millones de euros.

Se trata de un mecanismo de apoyo a la industria electrointensiva que reduce la factura eléctrica en un 80 % del coste correspondiente a los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución de electricidad aplicables durante todo el año 2022, por un valor de 225 millones de euros. Además, se dedicarán 125 millones de euros a ayudas directas a empresas gasintensivas. El Gobierno estima que son unas 1.600 compañías, la mayoría pymes, las que se beneficiarán de esta ayuda.

Por último, se han dedicado también medidas a la industria cultural y audiovisual: se han habilitado aplazamientos especiales de las cuotas a la Seguridad Social a un interés muy reducido, del 0,5 %, siete veces inferior al habitual.

El Real Decreto-ley recoge el acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC) y ayudas de 1.000 millones de euros, como la bonificación al precio del combustible, que el Gobierno calcula que supondrá una ayuda de 600 millones. También se habilitan ayudas directas de 450 millones.

Por otra parte, se recoge la actualización extraordinaria de la retribución a las renovables, la cogeneración y los residuos. El Ejecutivo espera que esta medida reduzca la factura eléctrica en 1.800 millones este año.

Se establece el Plan Nacional de Ciberseguridad, con un presupuesto de más de 1.000 millones de euros, para aumentar la supervisión y reforzar las capacidades de planificación, preparación, detección y respuesta en el ciberespacio.