En el mundo empresarial existen muchos tipos de equipos de protección individual (EPI), últimamente conocidos por los equipos médicos que tratan la COVID-19. Algunos, como las mascarillas, guantes o prendas desechables para protegerse de patógenos o químicos, no pueden ser reutilizados. Sin embargo, muchos otros sí pueden tener una segunda vida si los utilizan personas particulares.
Es el caso del calzado de seguridad, usado en todo tipo de sectores: del industrial en fábricas a los técnicos de telecomunicaciones que se suben a azoteas y torres. En España, el uso profesional de este calzado se regula mediante varios reales decretos. Uno de los aspectos que llaman la atención entre toda esta normativa es que las botas tienen una “fecha de caducidad”, a partir de la cual se consideran inseguras para actividades profesionales.
Además, por diversas circunstancias, este material queda con frecuencia sin uso, por ejemplo, si un empleado cambia de empresa. Sin embargo, desde el punto de vista del calzado, una bota “caducada” o que no lleve los cordones homologados puede no servir para su uso profesional, pero sigue siendo una prenda de vestir válida para un particular. Lo mismo se aplica a elementos como guantes de trabajo, chaquetas, gafas y otros utensilios que se pueden utilizar fuera del ámbito laboral, por ejemplo, para protegerse al realizar pequeños arreglos domésticos o tareas de jardinería en casa.
Se trata de equipos que todavía pueden tener una segunda vida, por ejemplo, a través de la donación. El beneficio es doble: por un lado, se eliminan los costes económicos y ambientales asociados a su almacenamiento y, por otro, se estrechan lazos con la comunidad con la que convive la empresa.